• Relleno Sanitario de Kanasín, Yucatán, entre los casos que exhiben la urgencia de una aplicación estricta de la ley.

CDMX.-México, Comunicación y Ambiente, A.C. (MCA), acompañado de las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas (INAINE) expusieron la profunda crisis ambiental derivado del manejo inadecuado de residuos en México, específicamente de su disposición final, así como los riesgos crecientes hacia los cuerpos de agua, los ecosistemas y la salud pública.

En México, se generan aproximadamente 366.15 millones de toneladas/año de todo tipo de residuos, destacando: 3.2 millones de residuos peligrosos, 1.5 millones de residuos eléctricos y electrónicos, 28.8 millones de llantas, 12 millones de residuos de la construcción, entre otros, mismos que tienden a disponerse en sitios de disposición final que se encuentran fuera de la normatividad vigente.

En el país, existen más de 2,200 sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU), sin embargo, son muy pocos los sitios de disposición final concesionados, en manos de empresas privadas que cumplen cabalmente la NOM-083-SEMARNAT-2003, norma que define las condiciones mínimas para evitar daños al aire, el agua y el suelo. En los hechos, el resto opera como tiraderos a cielo abierto.

En estos sitios se generan 30 millones de toneladas/año de biogás (con aproximadamente 50% de CO2 y 50% de gas metano, ambos gases de efecto invernadero). Adicionalmente, han contaminado más de 200 cuerpos de agua, además de 1,320 millones de m3 de suelo con sus lixiviados en 30 mil hectáreas de suelo mexicano y, únicamente durante 2024, registrando 204 incendios. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha reportado estos impactos ambientales como costos totales de degradación ambiental, los cuales ascienden a 2.5 billones de pesos.

Es evidente la omisión de los tres niveles de gobierno en su responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003, permitiendo que estos focos de contaminación se normalizaran; no obstante, se externó el beneplácito hacia la actual administración federal, toda vez que, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ha iniciado inspecciones, sanciones y clausuras que marcan un punto de inflexión en la política ambiental del país.

A pesar de dichas acciones positivos, se considera que el reto no termina con colocar sellos. Exhortando a la autoridad a vigila y hacer cumplir sus propias resoluciones, especialmente cuando se trata de clausuras definitivas.

CASOS QUE EXHIBEN LA URGENCIA DE UNA APLICACIÓN ESTRICTA DE LA LEY:

1. Relleno Sanitario La Perseverancia, Cuautla, Morelos: Vecinos han denunciado durante años la liberación de lixiviados y olores fétidos, asociados a enfermedades. En 2025, incendios prolongados detonaron una emergencia ambiental. Pese a ello, la sanción fue una clausura parcial temporal, reflejo de una respuesta aún insuficiente frente al riesgo sanitario.
2. Relleno Sanitario de Kanasín, Yucatán (Ciclo Corporativo): Las inspecciones federales documentaron filtraciones de lixiviados al acuífero y dispersión de residuos. Aunque se impuso la clausura, la operación continuó. Un Tribunal Colegiado de Circuito concedió una suspensión provisional para mantener el cierre, subrayando la gravedad de las omisiones de las autoridades responsables.
3. Relleno Sanitario de Mompamí, Querétaro (Veolia): Tras casi 30 años de concesión, el municipio decidió recuperar el control del sitio y avanzar hacia su clausura anticipada por mala operación y saturación. Un caso que muestra que los gobiernos locales sí pueden corregir decisiones heredadas cuando priorizan el interés público.
4. Relleno Sanitario El Zapote, San Luis Potosí (Reciclados del Potosí): Con derrames de lixiviados hacia fraccionamientos y sin sistemas adecuados de biogás ni compactación, la PROFEPA ordenó su clausura definitiva al 31 de diciembre de 2025. Aun así, el sitio continúa operando con normalidad, infringiendo abiertamente la ley y poniendo a prueba la capacidad del Estado para hacerla valer.